Querido Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”: ¿quién paga por la butaca institucional?

Como productor escénico, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos contextos de exhibición, incluyendo (en diversas ocasiones) la renta del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” en Saltillo, Coahuila. Esta experiencia se inscribe en una práctica sostenida a lo largo de varios años, que me ha permitido observar de cerca las condiciones reales bajo las cuales operan las producciones independientes, principalmente en la capital de Coahuila, donde no solamente se carecen de programas estatales para sostener la labor teatral, sino que, se carece también de recintos públicos o privados para albergar proyectos masivos. Si de por sí, antes de la pandemia, llenar un teatro implicaba un desafío considerable (marcado por la competencia de otras ofertas culturales, las dinámicas de consumo y las limitaciones económicas del público), el escenario posterior a la crisis sanitaria ha vuelto este reto aún más complejo.

La asistencia se ha vuelto más incierta, los hábitos del público han cambiado y los márgenes de recuperación económica para los proyectos escénicos se han reducido de manera significativa.

En este contexto, cada butaca cuenta.

Y es precisamente ahí donde ciertas prácticas institucionales, que a primera vista podrían parecer menores, adquieren una dimensión crítica al momento de rentar un espacio (particularmente uno que recientemente ha generado polémica) como el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”. Porque no se trata únicamente del costo de acceso. Desembolsar cerca de cincuenta mil pesos por día para realizar un par de funciones en un teatro con equipamiento limitado ya supone, por sí mismo, una exigencia considerable, pero, aun así, se asume el gasto.

Lo verdaderamente problemático aparece después. Además del pago por el uso del recinto, se establece por contrato de renta del inmueble la asignación obligatoria de localidades para la institución. Así es: no basta con cubrir los costos de producción y renta; también es necesario destinar, al menos, veinte butacas por función al Patronato y a la Secretaría de Cultura de Coahuila, para ser exactos, la “fila G” central del recinto. Esta disposición no sólo tiene implicaciones simbólicas, sino que, incide de manera directa en la viabilidad económica de las producciones, en un contexto donde cada asiento representa una posibilidad real de recuperación.

Recientemente envié una carta a la Secretaría de Cultura de Coahuila señalando esta situación en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

En ella advertía que esta práctica “representa una carga económica adicional para las producciones independientes”, además de cuestionar el hecho de que los creadores deban asumir el costo de una política institucional. También planteaba la necesidad de “revisar este tipo de disposiciones y considerar alternativas más equitativas”, así como buscar que aquellos invitados institucionales, principalmente servidores públicos “deberían ser los primeros interesados en pagar un boleto”.

La respuesta institucional días después confirmó el carácter estructural del problema.

En ella se señala que la asignación de localidades “es una práctica común en recintos culturales públicos” y que responde a “fines institucionales como la atención a invitados especiales y la vinculación cultural”. Asimismo, se menciona que la observación “se tomará en cuenta para valorar posibles ajustes en futuras contrataciones”.

Además de sentir minimizada mi solicitud, me quedé con algunas inquietudes: ¿cómo se fortalece, en términos reales, la vinculación entre la comunidad artística y las instituciones culturales mediante la asignación de veinte cortesías por función? Y, sobre todo, ¿por qué un productor independiente debe asumir el costo de una política de vinculación que corresponde a la propia Secretaría de Cultura?

La aritmética es simple. Si el precio del boleto es de $500 pesos, además del pago por la renta del teatro, el productor está obligado a destinar al menos $10,000 pesos por función en localidades que no generan ingreso: cortesías para personal del recinto, invitados institucionales y figuras públicas que, paradójicamente, deberían ser las primeras en respaldar el quehacer escénico.

En términos prácticos, una temporada de cuatro o cinco funciones implica una pérdida adicional de entre $40,000 y $50,000 pesos. No se trata de un detalle menor, sino de una afectación directa a la sostenibilidad de cualquier proyecto independiente.

Este intercambio de cartas permite hacer visible algo más profundo: no estamos ante una excepción, sino ante una práctica sistematizada, lo cual resulta especialmente significativo (en mi caso y en el de todos aquellos interesados en rentar el teatro), considerando que he sido usuario (y cliente) de este teatro durante casi una década, y a lo largo de estos años, esta disposición no sólo ha estado presente de manera constante, sino que se ha mantenido sin modificaciones sustanciales, lo que refuerza su carácter estructural dentro del modelo de operación del recinto.

El problema no radica en la existencia de invitados institucionales, sino en el carácter obligatorio de esta asignación.

Cuando la cortesía deja de ser una decisión de la producción y se convierte en una condición contractual, se altera la relación entre institución y creador. Lo que podría ser un gesto de colaboración se transforma en una carga económica adicional para quienes ya enfrentan condiciones complejas de producción. Desde la perspectiva del campo cultural (de Bourdieu), estas dinámicas pueden leerse como formas de distribución desigual de capital económico y simbólico, donde distintos agentes ocupan posiciones diferenciadas dentro de una estructura de poder. En este sentido, la asignación obligatoria de butacas no sólo impacta en términos financieros, sino que también refuerza una lógica en la que la institución capitaliza presencia mientras la producción absorbe el costo.

Por otro lado, si pensamos el teatro como un espacio donde se configura una comunidad de espectadores, resulta relevante cuestionar cómo estas prácticas inciden en la composición del público. La asignación diferenciada de accesos no es neutra: establece, desde antes del inicio de la función, distintas formas de relación con el acontecimiento escénico. La institución está reforzando lo que Rancière evidencia. La Secretaría organiza un “reparto de lo sensible”, es decir, una distribución de lugares, visibilidades y formas de participación.

La respuesta institucional, al afirmar que se trata de una práctica habitual, confirma precisamente aquello que requiere ser discutido: su permanencia en el tiempo no la legitima, sino que evidencia la necesidad de revisarla, abriendo una pregunta central: ¿cómo se distribuyen los costos de la vinculación cultural? Si el objetivo es fortalecer el ecosistema artístico, ¿por qué esa carga recae de manera directa en las producciones independientes? ¿No debería existir una corresponsabilidad por parte de la institución?

Este punto resulta especialmente relevante en contextos donde la producción independiente opera con márgenes limitados. La cesión obligatoria de localidades no es únicamente un detalle logístico, sino una decisión que impacta directamente en la sostenibilidad de los proyectos. Más que cuestionar la relación entre instituciones y creadores, lo que esta situación pone sobre la mesa es la necesidad de reconfigurarla. Pensar en modelos más equilibrados, donde las cortesías sean optativas, proporcionales o asumidas por la propia institución, podría contribuir a fortalecer, en términos reales, el ecosistema cultural. Porque si el teatro público busca sostenerse como un espacio de acceso y participación, también debe garantizar condiciones justas para quienes lo hacen posible.

La butaca institucional, en este sentido, no es un elemento menor. Es una práctica sistematizada que exige (y urge) ser revisada.

Fotografías obtenidas del sitio: https://coahuilacultura.gob.mx/celebra-su-43-aniversario-el-teatro-fernando-soler-en-saltillo/